Capitán (RP) FABIO JOSÉ GARZÓN FISCO
Publicación en la revista ACORPOL
Bogotá, D.C. / Tercer trimestre 2023 / No. 239 / ISSN 1657-5113
PRIMERA ENTREGA
El mercado del medicamento ilegítimo y los delitos que se desprenden de este ha sido una preocupación constante para las autoridades y las industrias farmacéuticas en el mundo entero y en especial en los países en vía de desarrollo, incluyendo a Colombia, donde nuestra Constitución Política Nacional en su artículo 49 estipula: “El derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente”.
Es importante precisar que el problema actual de los medicamentos ilegítimos comenzó a tomar fuerza a partir de los años 90 con la apertura económica dada por el gobierno del entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo, la cual impulsó la dinámica de la exportación y globalización del mercado de una gran cantidad de productos; momento que fue aprovechado por las organizaciones criminales en acrecentar el delito del contrabando y la falsificación; traspasando fronteras, permeando continentes y contaminando el mundo entero.
Esto dio paso para que el gobierno nacional y las autoridades encendieran las alarmas, porque el actuar delincuencial veía el momento preciso y una gran oportunidad de aumentar sus ganancias al incrementar el delito. Vista la problemática se comenzaron a tomar algunas medidas y fue por eso que en el año 1993 bajo la Ley 100 se crea el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), iniciando sus funciones oficialmente a partir del mes de febrero de 1995, donde su objetivo principal era el de actuar como institución de referencia nacional en materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la inspección, vigilancia y control de calidad de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médicoquirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.
Entre 1982 y 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió informes confidenciales sobre medicamentos falsificados en al menos 28 estados miembros. La mayoría de estos casos no fueron validados ni confirmados. En algunos de estos casos, el 25% de los 751 informes de medicamentos provinieron de países industrializados, y el 65% de países en vía de desarrollo. Del 10% restante, no se dispuso de información. A lo largo de este período, se emitieron dos resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. La primera, en 1988, instó a los países miembros a establecer programas para la prevención y detección de importaciones, exportaciones y contrabando de medicamentos falsificados. La segunda resolución, en 1994, recomendó ampliamente a los estados miembros desarrollar e incrementar esfuerzos para garantizar la calidad de los medicamentos disponibles, especialmente en relación con las Buenas Prácticas Manufactureras (BPM), y también para combatir el uso de medicamentos falsificados (OPS, 2013).